Ha dicho la flamante Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, que “el modelo de justicia cubano sirve de referencia para lograr los cambios que se promueven en Venezuela”. Tamaña sentencia es una aberración que nos produce repulsa, porque sencillamente cualquier ejemplo del modelo cubano resulta inaplicable en Venezuela, y altamente odiosa sería cualquier comparación entre ambos sistemas. Y mire que el nuestro no está pasando por su mejor momento.
Aunque debe ser ciega, imparcial e igualitaria en su trato con las personas y obedecer a la definición que de ella nos legara el jurisconsulto y compilador romano Ulpiano: “La Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo en derecho”, recientes acontecimientos nos revelan que en el país la justicia no es precisamente ciega, por el contrario, parece mirar de reojo, haciendo guiños de complicidad con la barbarie en ciertos, determinados y muy sonados casos. Parece observar con sus ojos enormes y bien o ¿mal? abiertos, como atendiendo a los designios de no sabemos quien para infligir sus demoníacas y despiadadas sentencias.
De los desafueros cometidos por los operadores de justicia (jueces, fiscales, defensores…), como correctamente se ha venido haciendo, hay que dejar constancia, registro o prueba ante los órganos encargados de atender denuncias o acciones por parte de quienes se sienten afectados por la acción u omisión de aquéllos. El propósito no es solamente para fines de registro histórico, sino que, agotadas las instancias venezolanas, quedarán las internacionales por ante las cuales se podrá intentar ulteriormente y llegada la oportuna hora, las acciones de reparación o resarcimiento de daños y restitución de la legalidad.
En el futuro no se podrá argumentar que en el afán de prédica de la democracia participativa o protagónica, o de la defensa a ultranza del gobierno chavista, cuidando cargo y obedeciendo órdenes, alguien sea capaz de denegar justicia y en su lugar cometer atropellos, burlándose del estado de derecho que preconiza la Constitución Nacional.
Conviene poner de bulto –una vez más- el caso de la Jueza María de Lourdes Afiuni, privada de libertad por venganza privada. Dicho sea de paso, la honorable magistrada Blanca Rosa Mármol de León, de la sala penal del T.S.J, le dispensó una visita en su casa-cárcel, lo cual deja un mensaje claro acerca del status de justicia en Venezuela.
A esto se añade (para el momento en que pergeñamos esta nota), la decisión de la Corte de Inmigración de los EE. UU, que en uso de sus facultades legales otorgó, asilo político al empresario venezolano Eligio Cedeño, a quien cabalmente la jueza Afiuni, actuando conforme a derecho, le concedió medida cautelar de libertad.
Como es harto conocido, en su expediente no consta haber pedido, hacerse prometer ni mucho menos haber recibido dinero, y el propio Ministerio Público expresó no existir pruebas que incriminen ni inculpen en modo alguno a la referida jueza titular por los hechos investigados.
La tesis peregrina y chapucera de "corrupción espiritual", solo existe en la mente de los ignorantes y serviles, pues en el ordenamiento jurídico venezolano no.
De manera que, si existiese un pleno Estado de Derecho, con garantía de las libertades públicas y derechos individuales, el asilo político otorgado a Eligio Cedeño debe ser considerado como un elemento más para comprobar la inocencia de la jueza Afiuni, que su proceder como jueza estuvo ajustado a derecho, de modo que la decisión de la Corte estadounidense debe ser aportada a juicio y obrar en su favor.
Siendo que abundan los delito de corrupción y el tufo a impunidad es alarmante, sobre todo si se observa vida ostentosa de numerosos funcionarios, uno se asombra cuando las autoridades ponen la lupa precisamente a los funcionarios públicos abiertamente identificados con la oposición política venezolana o a los líderes de ésta última que marcada y sostenidamente, se oponen al actual gobierno.
Más grave aún cuando ni siquiera cumplen con las formalidades, sino que se saltan los pasos o requisitos que imponen las leyes.
El asunto de los Comisarios y efectivos policiales y el adefesio jurídico que todos conocemos, es lo más infrahumano que hayamos podido constatar en nuestra modesta carrera de ejercicio profesional.
Se trata de una garrafal injusticia que se revela en la desigualdad a la hora de juzgar los hechos y a las personas señaladas como responsables. No hay que olvidar la forma como se ha venido sentenciando en el país, pues les cuesta a los jueces –en su mayoría provisorios- tomar una decisión que pueda molestar al gobierno rojo rojito.
Jesús Peñalver
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