LA LEY SAPO II LLEGÓ EN CESNA

“Aunque la ciudadanía está obligada a sapear, es decir, a delatar, soplar, inculpar o colaborar, como ha dicho el Director de la Disip, conforme con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (ley sapo o ley de soplones), conmigo no cuenten, y les anticipo desde este momento que “pueden venir por mí” y poner los ganchos en mis manos, pues mi conciencia está y quedará libre para siempre. Dicho sea de paso, el único sapo bueno que existe en Venezuela es Graterolacho, según Zapata.”

Lo anterior es una auto cita de una opinión que emitimos hace un par de años, con motivo del proyecto de Ley “Sapo” presentado por la Fiscal Ortega Díaz, a sabiendas de que el organismo del cual es titular carece de iniciativa legislativa. Ahora vuelve el gobierno a poner de bulto su vocación militarista, con un decreto presidencial que crea el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), y de ese modo lograr su propósito de mayor control social.
A tenor de lo dispuesto en este adefesio jurídico, con vista a la gaceta oficial, el CESNA podrá declarar de carácter reservado cualquier información, sea tanto del Estado como de la comunidad.

No es poca cosa esta facultad ilimitada que tendría un órgano administrativo que, sin mediar orden judicial alguna, por pura arbitrariedad, sesgo y acoplamiento a los intereses del gobierno, pueda declare “cuál información debe considerarse de carácter reservado”.

Esto viola flagrantemente preceptos constitucionales que prohíben la censura y la restricción al acceso a la información, inclusive durante la vigencia de estados de excepción. La norma que pretende imponer el gobierno es de suyo inconstitucional, y por tanto debe recurrirse por ante las instancias judiciales competentes a los fines de demandar su inconstitucionalidad e ilegalidad, aunque sea para cumplir con el ritual y dejar registro para la historia, de modo que conste la firme y decidida voluntad de contrarrestar a un gobierno abusivo y arbitrario. Ya se verá la luz en el túnel.
El CESNA será el encargado de coordinar la recopilación de información que realizan las instituciones del Estado y analizará los datos que requiera el Ejecutivo para tomar decisiones estratégicas, lo cual es preocupante -todo el entramado lo es- por lo tanto deben dispararse las alarmas, y actuar en consecuencia todos los factores, grupos organizados y la sociedad democrática en general, de modo de oponernos a la posibilidad de que un dispositivo de esa índole pueda restringir, aún más, el ya vapuleado sistema democrático venezolano.

Fíjense en esto: El artículo 9 del decreto establece que el presidente del CESNA "podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento".
"Esto representa un estado de excepción permanente con respecto al acceso a la información", ha señalado Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano. Además, advirtió la experta que la norma es tan ambigua que el presidente del CESNA podría, por ejemplo, declarar el carácter reservado de la información referida a la inscripción de militares activos en el PSUV o al reciente hallazgo de contenedores con alimentos descompuestos.
La aportación de información, que no es otra cosa que la delación o sapeo, como la pretende el gobierno, de suyo inconstitucional, viola elementales derechos humanos: Acceso a la información, secreto profesional, al honor, a la defensa, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros.
La Justicia que debe ser garante en favor de las personas, con este decreto serviría de instrumento de acoso, persecución y mayor control social de la disidencia.

Ningún derecho puede restringirse por un instrumento distinto as una Ley (el decreto en comentario no lo es), y en particular, el derecho de acceso a la información no puede restringirse, limitarse ni condicionarse en modo alguno, incluso, -como se dijo antes- ni siquiera durante la vigencia de los estados de excepción

Sería bueno conocer la opinión de las Academias con relación a esa postura del gobierno que se ha verificado en una tendencia explícita y sostenida de controlar, dirigir y coartar el ejercicio de importantes libertades civiles y políticas de los ciudadanos.

Desde luego que esta conducta gobiernera atenta contra la vigencia plena de principios democráticos y republicanos, pues se violan derechos inmanentes a la dignidad humana. Y diría más, el miedo que tiene el gobierno ante el temple, valentía y valor democráticos de la sociedad venezolana, quiere transferírselo a los ciudadanos a través de estos instrumentos “legales”.

JESÚS PEÑALVER